El Tribunal Constitucional ha dejado sin "cabeza" la Ley de Actualización de los Derechos Históricos de Aragón, anulando las dos terceras partes de su articulado, con lo que Felipe II disfrazado de magistrado vuelve del pasado para recordarnos lo que seguimos siendo en esta infeliz democracia autoritaria: un Juan de Lanuza decapitado. Una nación asimilada.
Da igual el consenso respecto a su aprobación, el Estado español marca las líneas del corral, en un momento complejo en el que saltan las costuras y las fracturas de una arquitectura diseñada durante la Transición, pasteleada por poderes políticos, con presiones militares y que al final trasluce lo de siempre. España no es una y uniforme. Son variadas y cada una reivindica su identidad a la velocidad que le marca su contexto -sea Catalunya, País Llionés o en este caso Aragón-.
Desde SOA ya lo hemos remarcado. El Estado actual de las autonomías no nos vale. Por eso reivindicamos con firmeza la superación del marco actual, un régimen capitalista y colonial que nos está llevando al colapso como Pueblo. Sin soberanía no hay alternativa, nosotras lo sabemos bien, en el día a día de la lucha sindical.
Nadie va a decidir lo que somos. Si nacionalidad histórica, foral o república asociada. Aragón es Pueblo, gestado a lo largo de la historia. E igual que los neofranquistas valoran como una concesión las actuales Comunidades Autónomas, una parte importante de las aragonesas defendemos que somos nación porque a lo largo de la historia, así lo hemos decidido (luchando contra dictaduras, organizando el movimiento obrero, exigiendo autogobierno, resistiendo con nuestra identidad). Algunas hablarán de folclorismo, pero nada más lejos de la realidad... si "nos, que somos y valemos tanto como vos, pero juntos más que vos, os hacemos Principal, Rey..." viene a traducirse en que el pueblo, la clase trabajadora somos las mayoría (el 99%). Y la mayoría siempre ha de decidir (libremente) como organiza su poder político y social.
Y no es la primera vez que nos recortan leyes: tijeretazos en el Congreso a las diferentes reformas del Estatuto, incumplimientos de la deuda histórica del Estado con Aragón (7.500 millones de euros y seguimos sumando). Mil historias de ninguneos para que algunos sólo saquen las banderitas cuando interesa.
El Sindicato Obrero Aragonés estará en las calles y en las movilizaciones que defienda un Aragón libre, socialista, feminista e internacionalista. A pesar de lo que diga el Tribunal Constitucional.
