En el sector de lxs educadorxs hay grandes diferencias salariales, sobre todo entre quienes trabajan en la atención a la infancia y la adolescencia desprotegida o en conflicto social. En Aragón afecta a mil menores, en una tarea que el Gobierno de Aragón delega en entidades sociales (ONGs y fundaciones), las cuales precarizan y mucho sus contratos sobre el personal que cuida de estas personas.
¿Para qué sirve una adecuada financiación autonómica? Pues para que no pasen estas cosas. En 13 años, su salario se ha incrementado un 6%, mientras que el IPC ha subido más de un 40%. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales debería velar por las condiciones laborales de su marco competencial. Evitar el subcontratar (externalizar) y en todo caso, negociar y ampliar acuerdos para que estxs educadorxs tengan bienestar salarial y laboral.
Las soberanías sirven para que la gente esté mejor. En SOA-STA lo tenemos claro.
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