Aragón no es la gallina de los huevos de oro, simplemente está en liquidación. Gracias a la complicidad directa de su administración, que ha decidido poner el territorio al servicio de fondos de inversión y multinacionales tecnológicas mientras la mayoría social paga las consecuencias. Desde SOA queremos desarrollar nuestro posicionamiento sobre este tema que trasciende el ámbito sindical.
El caso Forestalia ha destapado lo que desde hace años era un secreto a voces: el modelo energético impuesto en Aragón no responde al interés general, sino a una lógica de pelotazo, opacidad y posibles tramas corruptas. Bajo el lema de “Renovables sí, pero no así”, denunciamos un despliegue salvaje que hoy está bajo investigación judicial por presuntos delitos gravísimos: prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal. No hablamos de errores: hablamos de un sistema.
El banquillo de los acusados, con empresarios y antiguos altos cargos públicos implicados, no es una anomalía. Es la consecuencia lógica de años de barra libre para las grandes empresas energéticas.
Desde el Sindicato Obrero Aragonés señalamos también el papel imprescindible de la lucha social, como la de la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel, que ha sido capaz de plantar cara a este modelo depredador cuando las instituciones miraban hacia otro lado.
Pero lejos de rectificar, el Gobierno de Aragón vuelve a tropezar —o más bien a insistir— en la misma piedra. Ahora el nuevo negocio es el de los centros de datos. Y el patrón se repite con exactitud milimétrica: opacidad, urgencia artificial, cifras infladas y ausencia total de debate público.
1.098 MW de consumo eléctrico previsto para 2030. Cerca de 70.000 millones de euros anunciados en inversiones. Una lluvia de cifras que pretende deslumbrar mientras se ocultan los costes reales: consumo masivo de energía, presión sobre el agua en un territorio cada vez más seco y un impacto ambiental que volverán a pagar los de siempre.
Cada semana se anuncia un nuevo centro de datos. Amazon, Microsoft y otras multinacionales desembarcan en Aragón en una carrera descontrolada por la inteligencia artificial que tiene más de extractivismo que de progreso. Nos prometen miles de empleos, pero la realidad es precariedad, automatización y beneficios que vuelan fuera del territorio.
Lo que estamos viendo no es desarrollo: es saqueo. Es convertir Aragón en una colonia energética y digital al servicio de intereses ajenos.
Desde SOA lo advertimos con claridad: si el caso Forestalia apunta a ser uno de los mayores escándalos de corrupción medioambiental del Estado español, el despliegue de centros de datos reúne todos los ingredientes para convertirse en el siguiente. Hoy todavía no conocemos todos los nombres ni todas las tramas, pero la pregunta es inevitable: ¿quién está haciendo negocio? ¿Quién está firmando? ¿Y a cambio de qué?
No vamos a esperar a que estalle el próximo escándalo para señalarlo. Aragón no se vende. Aragón no se saquea.
Exigimos la paralización inmediata de este modelo, transparencia total en las concesiones y un cambio radical en la política industrial y energética. Porque el futuro no puede construirse sobre la corrupción, el expolio y la mentira.
