Aragón no es la gallina de los huevos de oro,
simplemente está en liquidación. Gracias a la complicidad directa
de su administración, que ha decidido poner el territorio al
servicio de fondos de inversión y multinacionales tecnológicas
mientras la mayoría social paga las consecuencias. Desde
SOA queremos desarrollar nuestro posicionamiento sobre este tema que
trasciende el ámbito sindical.
El caso Forestalia ha destapado lo que desde hace años
era un secreto a voces: el modelo energético impuesto en Aragón no
responde al interés general, sino a una lógica de pelotazo,
opacidad y posibles tramas corruptas. Bajo el lema de “Renovables
sí, pero no así”, denunciamos un despliegue salvaje que hoy está
bajo investigación judicial por presuntos delitos gravísimos:
prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y organización
criminal. No hablamos de errores: hablamos de un sistema.
El banquillo de los acusados, con empresarios y antiguos
altos cargos públicos implicados, no es una anomalía. Es la
consecuencia lógica de años de barra libre para las grandes
empresas energéticas.
Desde el Sindicato Obrero Aragonés señalamos
también el papel imprescindible de la lucha social,
como la de la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel, que ha
sido capaz de plantar cara a este modelo depredador cuando las
instituciones miraban hacia otro lado.
Pero lejos de rectificar, el Gobierno de Aragón vuelve
a tropezar —o más bien a insistir— en la misma piedra. Ahora el
nuevo negocio es el de los centros de datos. Y el patrón se repite
con exactitud milimétrica: opacidad, urgencia artificial, cifras
infladas y ausencia total de debate público.
1.098 MW de consumo eléctrico previsto para 2030. Cerca
de 70.000 millones de euros anunciados en inversiones. Una lluvia de
cifras que pretende deslumbrar mientras se ocultan los costes reales:
consumo masivo de energía, presión sobre el agua en un territorio
cada vez más seco y un impacto ambiental que volverán a pagar los
de siempre.
Cada semana se anuncia un nuevo centro de datos. Amazon,
Microsoft y otras multinacionales desembarcan en Aragón en una
carrera descontrolada por la inteligencia artificial que tiene más
de extractivismo que de progreso. Nos prometen miles de empleos, pero
la realidad es precariedad, automatización y beneficios que vuelan
fuera del territorio.
Lo que estamos viendo no es desarrollo: es saqueo. Es
convertir Aragón en una colonia energética y digital al servicio de
intereses ajenos.
Desde SOA lo advertimos con claridad:
si el caso Forestalia apunta a ser uno de los mayores escándalos de
corrupción medioambiental del Estado español, el despliegue de
centros de datos reúne todos los ingredientes para convertirse en el
siguiente. Hoy todavía no conocemos todos los nombres ni todas las
tramas, pero la pregunta es inevitable: ¿quién está haciendo
negocio? ¿Quién está firmando? ¿Y a cambio de qué?
No vamos a esperar a que estalle el próximo
escándalo para señalarlo. Aragón no se vende. Aragón no se
saquea.
Exigimos la paralización inmediata de este modelo,
transparencia total en las concesiones y un cambio radical en la
política industrial y energética. Porque el futuro no puede
construirse sobre la corrupción, el expolio y la mentira.