Para el sindicato, esta situación no puede calificarse como un error administrativo, sino como una decisión consciente que vulnera los pliegos, degrada la transparencia en la contratación pública y pone en cuestión la responsabilidad del propio Salud como órgano contratante, que debería velar por el estricto cumplimiento del contrato.
“No se puede permitir que un servicio sanitario esencial se gestione al margen de los pliegos que lo regulan. Si los pliegos no se cumplen, el contrato pierde su legitimidad”, denuncian desde la Sección Sindical de SOA.
Esta irregularidad no solo afecta a la legalidad del proceso, sino que puede tener consecuencias directas sobre la organización del servicio, los tiempos de respuesta y las condiciones laborales de la plantilla, que vuelve a ser la gran olvidada en decisiones tomadas sin transparencia ni control.
Ante estos hechos, la Sección Sindical de SOA ha solicitado la intervención de la Justicia de Aragón, exigiendo una corrección inmediata de la ubicación de la base, el respeto escrupuloso a los pliegos y la asunción de responsabilidades por parte de quienes han permitido esta situación.
El sindicato advierte de que no va a normalizar el incumplimiento de contratos públicos y que continuará utilizando todas las vías legales, sindicales e institucionales necesarias para defender la legalidad, el servicio público y los derechos de las personas trabajadoras.
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