Desde enero de 2012 había pesado sobre todas las mujeres aragonesas y del Estado español la amenaza en firme de la reforma de la ley del aborto. Y es que la nueva regulación pretendida por ahora ex-ministro de Justicia implicaba un recorte de los derechos de la mujer que nos hubiera hecho retroceder a épocas oscuras, aunque no muy lejanas, de abortos clandestinos en condiciones antihigiénicas y por personal no cualificado, de viajes al extranjero para las más pudientes, de un incremento descorazonador de hijos no deseados y de hijos dependientes a los que el Gobierno español ha recortado, además, las ayudas.
¿Qué cambios se plantearon? Que se planteara la reforma de la ley del aborto no fue, en realidad, algo inesperado. Ya se planteaba en el programa electoral del PP en 2011, aunque el discurso parecía apuntar a borrar del mapa las reformas realizadas en 2010 por el gobierno de Zapatero (conversión de la antigua ley de supuestos en una ley de plazos y supresión de la necesidad de autorización paterna para en aborto en mayores de 16 años). Pero Alberto Ruiz-Gallardón quiso ir más allá no sólo regresando a los antiguos supuestos, sino a restringirlos aún más. En la práctica, la propuesta de Gallardón impediría abortar a la mujer salvo en caso de violación, grave peligro para la vida de la madre (adiós al riesgo psicológico) y malformación del feto incompatible con la vida del mismo, esto último completamente vacío de contenido ya que una malformación de ese calado terminaría en un aborto espontáneo o un nacido muerto con casi total seguridad.
¿Y esa reforma habría evitado los abortos? Rotundamente no. Una mujer no se somete a un proceso tan traumático como un aborto por placer o capricho, ni como "método anticonceptivo" por más que así lo aseguren los sectores más conservadores. Un aborto es un proceso al que sólo se acude como última opción. Porque los anticonceptivos fallan, porque una mujer muy joven no siempre puede asumir un embarazo, porque muchas mujeres no cuentan con suficientes recursos económicos para criar a un hijo, porque hay malformaciones en el feto que sin ser mortales hacen caer en picado la calidad de vida del futuro niño y de su familia. Y porque la mujer es, en última instancia, la dueña de su cuerpo y quien debería tener la última palabra sobre lo que ocurre en el mismo y su opción a la maternidad. Simplemente, los abortos pasarían a practicarse en la clandestinidad, como antaño, en pésimas condiciones y con grave riesgo de muerte para las mujeres.
Entonces, ¿por qué se plantearon estos cambios por parte del ex-ministro de Justicia español? No parece tan claro que la reforma de la ley del aborto naciera de la voluntad exclusiva de Ruiz-Gallardón, sino que más bien "le tocó" defenderla, aunque puede que se excediera en el entusiasmo. Parece un intento del PP por contentar a los sectores ultraconservadores de la sociedad, un lecho de votantes potenciales a los que necesitaba conceder alguna de sus reivindicaciones ancestrales. Y puede que vieran en Gallardón un miembro "prescindible" del Ejecutivo, alguien que "pagara el pato" si el asunto se torcía, limpiando la imagen del Partido Popular, verdadero artífice del anteproyecto.
Con la renuncia de Gallardón, ¿se mantendrá la regulación actual del aborto? Posiblemente no. La regulación actual es una de las más abiertas y garantistas para las mujeres que existen en los Estados de nuestro entorno, por lo que muchos sectores lo desaprueban. Se prevé que el Gobierno español proponga eliminar, por lo menos, el cambio más polémico efectuado por la reforma de Zapatero en 2010: la no necesidad de consentimiento paterno para las mujeres de 16 y 17 años a la hora de someterse a un aborto. Volveremos, en tal caso, al paternalismo implícito en considerar libres para mantener relaciones sexuales a las mujeres de esa edad pero no para decidir sobre su cuerpo y su maternidad.
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