Una vez publicadas la Ley de Tasas Judiciales hemos podido comprobar que es lo que "entiende" como "Justicia" el ejecutivo estatal: la "mercantilización" de la misma a través de la formula de los "arbitrajes" y el "no acceso" con cantidades económicas disparatadas que limitan el Derecho a la Defensa.
El Ministro Ruiz Gallardon no inventa nada nuevo, de hecho "recicla" la vieja formula de resolución de conflictos de los años 60-70 que el "nacional-catolicismo" impuso para desbloquear las distintas jurisdicciones, y la reinterpreta vendiéndola como algo "novedoso" y "efectivo".
Si en la jurisdicción social ya contamos con dos servicios de mediación, uno público SMAC y otro privado pero gratuito SAMA, la aplicación de formulas de mediación en las jurisdicciones civil, contencioso-administrativa y mercantil, todavía sin concretar, pueden generar elementos de privatización de la vía "conciliatoria" con efectos muy peligrosos.
Si a ello unimos las distintas formulas de tasación implantadas por el Ejecutivo central en jurisdicciones como la "administrativa" o la "civil" con el objeto de "descongestionar" la carga de "trabajo" existente en la judicatura nos lleva a pesar que el precio de las mismas veta un derecho constitucional como es el del acceso a la justicia de toda la ciudadanía incluidos aquellos con rentas más bajas.
La ley de tasas judiciales no es admitida ni siquiera por los sectores mas conservadores de la judicatura, aquellos que la promovieron como medida de "coacción" al ciudadano "conflictivo" (como alegremente llaman aquellos ciudadanos que luchan por sus derechos), y hoy el "tiro" les ha salido por la culata.
Ahora todos estos colectivos conservadores reculan y piden negociación a su brazo ejecutor (el ejecutivo Rajoy) que amparándose en su abrumadora "mayoría absoluta" considera que tiene patente de corso para aplicar cuanta iniciativa le interese en "aras" de salvar a su "patria".
Pero aquí nada se esta diciendo del papel de la DGA en todo esto. Desde hace varios años la gestión de la competencia de Justicia esta asumida por nuestro Gobierno, y por lo tanto a él le corresponde el indicar si acepta la ley de tasas o no, ya que desde nuestro punto de vista esto supone una injerencia tanto en su funcionamiento en general como un ataque al Estatuto de Autonomía que le reconoce esta competencia.
SOA se posiciona frontalmente contra este nuevo sistema impositivo que a modo de tasas pretende por un lado recaudar, por otro recortar un derecho básico como es el del ejercicio de la defensa y en tercer lugar cercena nuestra ya de por si escasa autonomía (que no soberanía) por lo que pedimos a la DGA que se declare insumisa a la aplicación de las citadas tasas por no respetar el marco de su "constitución" y ser constitutivas de recurso de inconstitucionalidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario