domingo, 1 de febrero de 2015

CÓMO NOS QUIERE SILENCIAR LA LEY MORDAZA

Con esta nueva ley de Seguridad Ciudadana, impulsada en solitario por el Partido Popular, la verdad es que no nos podemos quejar. Literalmente.

Pero, ¿por qué el Gobierno español ha decidido que esta normativa es necesaria? Muchos miembros del PP y algunos medios de comunicación insistieron en que las protestas ciudadanas y las manifestaciones suponían un problema, un menoscabo a los derechos de los ciudadanos. Hablaban de que afeaban el "entorno", de que afectaban al turismo, y se llegó a proponer relegarlas a un recorrido preestablecido e inamovible en las afueras de las ciudades, lo que se denominó "manifestódromo". Esta ley da continuidad y consagra esta línea represiva, tratando de silenciar a quienes salen a la calle para reclamar sus derechos. El problema aparece cuando en esta norma se tipifican también comportamientos tan dispares como apuntar con un láser al conductor de un vehículo o al piloto de un avión, contratar servicios sexuales cerca de zonas infantiles, el abandono de estupefacientes y útiles para la drogadicción en zonas públicas... Conductas que deberían haberse regulado en otro tipo de norma.

Además, se consagra en esta ley un comportamiento tan deplorable y de tan dudosa legalidad como son las devoluciones en caliente de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla. Estas expulsiones de inmigrantes, violando todos sus derechos y sin permitírseles el acceso a asistencia letrada, se estaban realizando a pesar de estar expresamente prohibidas en la normativa anterior y habían generado ya pronunciamientos en contra por parte de las instituciones europeas. Aún así, se legalizan a través de esta ley de "Seguridad Ciudadana", sin que podamos entender cómo puede afectar a la seguridad ciudadana el hecho de que a un inmigrante que reclama derecho de asilo se le permita acceder al territorio del estado español.



¿Qué se pretende lograr con esta normativa? Según el gobierno español, se persigue lograr un ejercicio del derecho de manifestación libre de violentos. En la práctica, como decíamos más arriba, se busca la intimidación a los ciudadanos para evitar la reivindicación: la palabra de la policía tiene valor probatorio, se sancionan con multas administrativas cosas como faltar al respeto a las fuerzas de seguridad, grabar a la policía aún cuando se encuentren en la vía pública, negarse a identificarse, manifestarse para impedir un desahucio, manifestarse en el interior de una entidad bancaria, negarse a disolver una manifestación legalmente convocada, manifestarse en infraestructuras de servicios públicos y ante el Congreso y el Senado... Incluso se sancionan las llamadas "performances", los actos recreativos y artísticos realizados en la vía pública orientados a la reivindicación. En resumen, esta ley ha nacido para atajar las nuevas formas de expresión del descontento por parte de los ciudadanos. Movimientos como el 15M, los escraches, los encierros, las acciones antidesahucios, rodea el Congreso... acciones que hasta ahora entraban dentro de los márgenes legales, se penalizan más duramente o bien se redirigen del ámbito penal al administrativo, menos garantista, sin acceso a justicia gratuita  y sujeto al pago de tasas cuando se trata de recurrir la sanción.

Su objetivo es silenciar, amordazar y lograr que cunda el miedo a la protesta, criminalizar la manifestación pública de los ideales e impedir la organización ciudadana en estructuras ajenas al Estado. Sin embargo, sabemos que esta ley Mordaza no logrará su objetivo, que el pueblo trabajador aragonés no va a reblar ante las amenazas del Gobierno español y que continuaremos saliendo a las calles, clamando por nuestros derechos y por una sociedad más justa y libre.

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