Ya vamos camino del segundo año de “crisis plena” del Gobierno de Zapatero y por fin se esta viendo el “juego” de estos mal llamados “socialistas”. Son muchos los discursos del Sr. Zapatero en los que siempre ha recalcado que nunca realizaría recortes sociales, ni atentaría contra la dignidad de los trabajadores y trabajadoras.Hace pocos días lanzo el “globo sonda”, a modo de propuesta, de reformar el actual acceso al sistema de pensiones público. Esta propuesta es un ataque directo al “bienestar obrero”, es la puntilla a nuestra clase, puesto que no sólo quieren elevar la edad de jubilación hasta los 67 años sino también aumentar el número mínimo de años necesarios para poder acceder a una pensión y aplicar un nuevo sistema de computo de tal manera que los nuevos pensionistas cobren pensiones más raquíticas aún que las actuales. No contentos con todo esto se propone restringir radicalmente el derecho a las pensiones de incapacidad y viudedad que ya de por si se encuentran muy limitadas tanto en lo económico como en su “asignación”.
La amenaza que cada cierto tiempo sufre el sistema público de pensiones, por parte de “teorías liberalizadoras”, que solo buscan su privatización basan todo su “juego” en lanzar la “idea” de peligrosidad de sus cuentas. Nunca el sistema estuvo tan saneado como ahora. El año pasado, la seguridad socia, tuvo un superávit de más de 8.000 millones de euros.
La “teoría” del aumento de jubilados, la dilatación de la esperanza de vida y con ello su insostenibilidad, solo buscan crear incertidumbre, debilitar progresivamente el Sistema Público de Pensiones y sustituirlos por fondos de pensiones privados que lógicamente acaben siendo una opción obligatoria, tal y como pasa en otros estados de la UE como es el caso de Rumania.
Aventurarse, tal y como esta haciendo el Gobierno español y con él, los poderes financieros que le apoyan en esta “lucha”, en crear argumentos con el que dotar de carácter técnico a la amenaza de reforma del sistema adolecen de la más mínima fiabilidad. Uno de los “pilares” en los que se basan para realizar estas modificaciones al sistema de pensiones no es otro que las predicciones demográficas adelantadas.
Para ello, y según fuentes estatales, en el año 2060 el gasto social en pensiones habrá pasado del 8,4% del PIB actual al 15,1%. Estas mismas fuentes decretan la insostenibilidad del sistema para un Estado como el español mientras actualmente algunos Estados europeos realizan el abono de las pensiones sin ningún problema.
Mala memoria tienen estas “fuentes” puesto que el Estado español ya en la década de los 60 se gastaba en pensiones un 3% del PIB (del PIB de aquella época) y en la actualidad, tras haberse triplicado el gasto público y aumentado significativamente la esperanza de vida de nuestros jubilados y jubiladas, el sistema no sólo no ha quebrado sino que está afronta el “reto” en mejores condiciones que nunca en su historia.
Y todo esto sucede porque la productividad y el crecimiento económico avanzan a mayor ritmo que el aumento del número de jubilados. Y esto es así, puesto que organismos tan autorizados como el “Banco de España” auguran previsiones sobre crecimiento económico del PIB para el año 2060 en los que el PIB estatal se habrá multiplicado por 3, crecimiento que garantizaría sobradamente la solvencia financiera para acometer el gasto en pensiones.
Pero en el futuro, la dotabilidad económica del sistema público de pensiones estatal no debe basarse en un permanente e incierto crecimiento económico. La financiación directa por parte del Estado, sea el aragonés o el español, del sistema de pensiones debe variar a una formula de financiación mixta, es decir, el Estado debe garantizar unas pensiones dignas a toda la clase trabajadora.
Cuando nos referimos a una financiación mixta estamos lanzando una propuesta clara y concisa y es que el sistema, además de dotarse de fondos por la vía de las cotizaciones sociales (tal y como se da exclusivamente en la actualidad), debe pasar a ser un coste más abonándose vía ingresos normales del Estado. Es decir, en el supuesto de que en algún momento las cotizaciones sociales no bastasen para sostener las pensiones, el Estado al igual que gasta ingentes recursos económicos en mantener estructuras no productivas como son estructuras administrativas (diputaciones provinciales), servicios de interés publico (Grupo RTVE) y/o el propio Ejército debería añadir a su lista el sistema publico de pensiones.
El Estado español es, junto con el griego y el portugués, el Estado de la Unión Europea con las pensiones más bajas. Estos son datos contrastables y en la actualidad casi el 60% de los pensionistas del Estado español cobran una prestación inferior al SMI.
Para cualquier estudioso de “este brazo” del sistema de la Seguridad Social queda meridianamente claro que la única reforma del sistema de pensiones necesaria es la que apueste por su continuidad como elemento garantista de protección social, por su carácter publico y por su carácter perpetuo.
El sistema de pensiones público es uno de los logros que la clase trabajadora ha ido consiguiendo arrancar a los estados burgueses, sea cual sea su concepción ideológica, máxime desde una visión socialdemócrata, y es por ello que para su mantenimiento la lucha de la clase trabajadora pase por forzar al Gobierno del Estado a refinanciar el modelo vía cambio de modelo impositivo con un aumento de la presión fiscal sobre las rentas de capital mayores, ya que de esta manera se compensaría el enorme trasvase (un 13% del PIB) que en los últimos 30 años se ha producido desde las rentas del trabajo a las rentas del capital.
Y es que del sistema de pensiones público nos favorecemos todos y todas, independientemente de nuestra clase y/o condición social y por ello debemos cuidar y apreciar este preciado tesoro.
Francho Miquel Dieste Aparicio
Coordinador y miembro de los servicios jurídicos del Sindicato Obrero Aragonés
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